Por: Lic. Edgardo Leyva

Hace casi cincuenta años, en 1962, el Bloque de Estudiantes Universitarios de Baja California, residentes en el Distrito Federal, encabezó una manifestación pública de protesta que culminó en un mítin frente al Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la Ciudad de México. Denunciaban la invasión de sal que sufrían las tierras del Valle de Mexicali por el criminal lavado de cultivos, en Arizona, que contaminaba el Río Colorado en franca violación a lo dispuesto por el Tratado Internacional de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México, el cual garantiza la entrega de agua, de buena calidad, del Río Colorado a Sonora y Baja California. El asunto había hecho crisis. Miles de hectáreas cultivables de San Luis Río Colorado y del distrito de riego de Mexicali estaban gravemente afectadas por los afloramientos salinos. Las cosechas se perdían, las parcelas se abandonaban y los daños económicos eran incalculables. La prensa nacional de la época anunció que el riquísimo valle agonizaba.
Los gobiernos de la República, encabezados por los presidentes López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, hicieron suya y mantuvieron viva la protesta de aquellos estudiantes, con sólidos argumentos morales y jurídicos, hasta lograr una histórica victoria final cuando el Gobierno de los Estados Unidos construyó las obras necesarias para impedir la salinización de las aguas que llegaban a México.

Fueron años de lucha formidable que unieron a todos los sectores del Estado alrededor de la problemática de la salinidad. Pueblo y Gobierno aportaron generosamente a la solución del problema: nivelación de tierras, desazolve de canales de riego, perforación de una batería de pozos en la mesa arenosa de San Luis, mejoramiento y ampliación de la red de caminos vecinales del Valle (más de 700 kilómetros de extensión), apertura de praderas artificiales para la engorda de ganado, crédito oportuno de los Bancos Ejidal y Rural, protección de las márgenes del Río, mecanización de las labores, precios de garantía a los productos del campo y una política social de gran alcance para salvar el agro siniestrado.

Hoy, como entonces, nuestro gran valle agoniza. Un desastre natural, no la sal de los vecinos, es la causa. Su infraestructura hidráulica, eléctrica y de comunicaciones ha sufrido severos daños y los recursos materiales y financieros que exige la atención de esta emergencia son enormes. Sólo el esfuerzo unido de la Federación, del Estado, de los Ayuntamientos y de la sociedad de Baja California puede, a corto plazo, restituirla a condiciones de productividad óptimas.

Nos corresponde a todos participar con entusiasmo y alto sentido de responsabilidad social en las tareas de reconstrucción que, sin duda, están a nuestro alcance. Las autoridades tienen la palabra.