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Por: Carlos Monsiváis En los meses anteriores a julio de 2006 el Partido Acción Nacional, con la solidaridad del PRI y del IFE, precipitó una campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador llamándolo “Un peligro para México”. Con el apoyo de la alta clerecía el PAN se afanó en desacreditar a lo largo de envíos calumniosos al Partido de la Revolución Democrática. Ya consumada la Operación No Pasarán, el PAN insistió en agraviar al PRD y en tender un cerco de infamia y acoso presupuestal al gobierno del PRD en la Ciudad de México, lo que se intensificó con dos acciones de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del DF: la legalización del aborto y la aprobación de las bodas de los semejantes. Mariana Gómez del Campo lanzó sus huestes más bien escuálidas contra los perredistas, y el PAN de César Nava, otro de esos líderes históricos que entran a todas partes menos a la historia, se sumergió en el fortalecimiento de una “odiósfera” contra el PRD. Eso no evitó que en 2009 el grupo de Jesús Ortega, ganoso de crearse una fama de amnésico, se dedicara a buscar la alianza con el PAN en los estados en que eso pudo darse, principalmente en Oaxaca.
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El 30 de octubre de 2009, en un acto silencioso, con firmas que quisieron ser discretas, el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el Secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda, atestiguaron el pacto entre el PRI, representado por Beatriz Paredes, y el PAN, comandado por César Nava. En el convenio, el PAN y el PRI se comprometen a abstenerse de formar coaliciones electorales en el Estado de México (para las elecciones de 2011), con otros partidos cuyos principios e ideología sean contrarios a los que sostienen en sus declaraciones de principios (Vaya uno a saber o vaya uno a intuir, que entienden los dos partidos por “principios”). El pacto, no necesariamente parecido al de Ribentropp y Molotov en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco al de Bugsy Siegel y Al Capone, en todo hay diferencias, tuvo como base la obligación del PRI de apoyar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados.
Fue Enrique Peña Nieto el primero en denunciar el incumplimiento de un pacto sobre el que no había noticia previa, César Nava que había negado tres veces la existencia de un compromiso así, mientras se arreglaba los laureles de la encuesta que lo situaba en primer lugar como posible candidato a la Presidencia de la República, emprendió la rectificación en un tono doliente: el PRI incumplió el acuerdo, ya que el 5 de noviembre de 2009 sólo ocho de los treinta y tres senadores priístas permanecieron en el Salón de Plenos, absteniéndose de votar a favor de la Ley de Ingresos. Y Nava, con la timidez del político descubierto fuera del pedestal, concluyó su viaje alrededor del ridículo: “Ante el flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”. ¡Qué tristeza! Tan bien que se iba en el camino de allanarle a Peña Nieto los pequeños escollos, tan bonito que se veía la repartición del poder: “El Estado de México para ustedes; la Reforma Fiscal para nosotros”.
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A César Nava se le pueden achacar muchos defectos, pero no, en modo alguno, la posesión de virtudes de liderazgo, con carisma adjunto en ocasiones de contento. Véase su entrevista del 4 de marzo: “—¿Por qué mintió a la opinión pública al declarar que no había firmado acuerdo alguno o pacto con el PRI, y por qué no se notificó al Comité Ejecutivo Nacional del convenio? —En primer lugar, este acuerdo no fue puesto en el conocimiento del CEN, precisamente porque el incumplimiento del PRI lo hizo innecesario. Estaba contemplada la posibilidad de hacerlo del conocimiento del comité nacional para su eventual aprobación; sin embargo, al quedar sin efecto, al quedar sin vigencia ni validez alguna, no fue necesario hacer esta presentación. Por otra parte, es cierto que en un primer momento no hice pública la firma de este acuerdo. Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos”. ¡Qué heroico! Mentir por la causa del principio de confidencialidad, elegir el compromiso secreto por sobre su palabra pública. Es arduo escoger el adjetivo que le conviene a Nava, el político: sagaz, bravío, inocente (traicionado), sigiloso (en cuanto a la información que le debe a su grey), astuto…Véase lo que consigue: aceptar que mintió tres veces; reconocer que no informó a los suyos porque no los quería afligir con el relato de una traición; considerar eterna la confianza en él depositada; manejar con habilidad póstuma los plazos del entusiasmo por la hazaña maniobrera; llegar a la autocrítica por vía del papelón; traer a cuento “el principio de confidencialidad”, inaplicable en casos de violación de la ley electoral. Y según él, lo hizo todo solito, sin consultarlo con Presidente alguno.
¿Quién informa a Calderón? No su Secretario de Gobernación, no el jefe de su partido, no los medios informativos. ¡Qué conspiración del silencio en torno a un mandatario!
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Manlio Fabio Beltrones declaró que ni él ni los otros senadores del PRI sabían una palabra o un párrafo del trueque. Varios panistas se dijeron desinformados. Beatriz Paredes reconoció el pacto tan traicionadito, pero luego se siguió de frente y en el aniversario del PRI, ante la clase política por antonomasia, se jactó de sus funciones de salvavidas: “En 2006 los legisladores del PRI evitaron una crisis de gobierno durante el ascenso de Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Quién iba a decir que apenas tres años después el partido del Presidente, que fue repudiado y calificado de espurio por otra fuerza política, celebraría alianzas con aquellos que han sido los detractores principales de su abanderado y con quienes no tienen coincidencias programáticas ni en derechos civiles ni en el desarrollo económico para México. Amnesia sobre los principios y las posiciones programáticas o apetito de poder sin el menor respeto por los ciudadanos, o simplemente ambición y oportunismo y mayor desprestigio de la política ante la sociedad…”. Una posición tan enfática, consecuencia de un pacto que el PAN traicionó y que el PRI denunció sin que en todo esto mediara la mínima reflexión ética, el pacto secreto, culmina en la piedra de sacrificios donde se hacinan las contradicciones para favorecer la mercadotecnia triunfal de Peña Nieto, se acepta que con el PAN se tienen coincidencias programáticas, en derechos civiles y en posiciones frente a la economía; para cumplir con el electorado al que se le prometió que no habría aumento al IVA, apoyar ese incremento para luego enojarse si algún reportero les pregunta al respecto. Si nos atenemos a documentos y discursos, en lo único en lo que el PRI coincide plenamente con el PAN es en materia de criminalizar a las mujeres que abortan. Y, ahora, en el “blindaje” moral de la población.
El 8 de marzo el Congreso de Chihuahua consideró que la legalización de los matrimonios homosexuales en la capital del país “atenta”, “amenaza”, “distorsiona”, “desvirtúa” y “va en contra de la naturaleza humana”. Luego de tan sesudas reflexiones el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas de los estados a “preservar” la familia heterosexual. Con 21 votos a favor de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), dos en contra de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo, y tres abstenciones de Nueva Alianza, el Congreso instó a los legisladores del país a defender el matrimonio “entre un hombre y una mujer”.
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Al firmar ante un testigo de calidad: Fernando Gómez Mont, el PRI manifestó su amnesia sobre los principios y las posiciones programáticas, y exhibió su apetito de poder, su ambición y su oportunismo. Por supuesto, que estos comentarios son simplemente retóricos, pero la señora Paredes, que usa a la patria como su secretaria cada que declara, podría ejercer la cortesía y decirnos cómo se explica este manejo de la cámara oscura, que luego echó a perder la pequeña rebeldía de la Cámara de Senadores. No es un simple incidente de convenios que fallan, es la burla rotunda del exangüe IFE, del sistema electoral en su conjunto, de la ciudadanía (que alguna debe haber), y del uso del idioma. Una vez más se recurre al gran protector de la política, al justificador del PRI y del PAN, el olvido, ese disolvente de las trampas, las traiciones, los enredijos verbales y la arrogancia que una vez que habla da por concluido el tema. Lo que resulta conmovedor es la posición candorosa de la clase política, liderazgo del PRD incluido, convencida de un hecho: la política sólo ocurre entre los directamente interesados, los medios informativos, la clase empresarial y los historiadores. De acuerdo a esta tesis no hay sociedad, la ciudadanía sigue tardando en nacer y las mentiras, los errores y las agresiones al patrimonio nacional no importan porque el olvido protege a los responsables. Eso esperan los causantes de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, y no otra cosa aguarda el Secretario del Trabajo Javier Lozano en sus incursiones y excursiones contra la ley y sus apologías de Germán Larrea. La política, según sus monopolistas, es aquello que sólo ocurre a la hora de ejercer el poder, y si los empoderados en algún nivel, la ciudadanía postergada, intentan ejercerla lo más probable es que se les diga que vuelvan la semana próxima, cuando los poderosos hayan firmado el siguiente acuerdo.
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