¡Mátenlos en caliente!

Por: Marco Antonio Blásquez

En el zenit de su dictadura, el General Porfirio Díaz no ahorraba intento por revelar las tácticas militares que había empleado para controlar el malevaje que se había extendido por todos los rincones del país a finales del siglo antepasado.

“La pena de muerte es un sistema tardado y costoso. Por ello decidimos la pena de muerte ‘en caliente’, que consistía en ejecutar al delincuente al momento de sorprenderlo en el ilícito”, explicaba el general en las diversas entrevistas que concedía, sobre todo a medios extranjeros.

Así las formas, a todo aquel salteador que dinamitara las vías del tren, trozara los cables del telégrafo o asaltara carruajes del servicio postal, el responsable militar o civil de la zona quedaba obligado a ejecutarlo en ese momento. “Jusílenlos, luego viriguamos”, era la consigna que se manejaba entre los jefes de la tropa, ya que la misma ley del General Díaz estipulaba que si los encargados de la zona no eran capaces de encontrar y ajusticiar a los malhechores, entonces un jefe superior haría lo propio con ellos. “Alguien tiene que pagar los platos rotos”, decía Porfirio Díaz.

Este sistema, que en mucho se parece al del Comandante Felipe Calderón Hinojosa, envió a la fosa común a miles de bribones, pero también a una cantidad incalculable de inocentes que fueron fusilados sumariamente, pues los responsables del orden para salvar sus vidas tenían que presentar cuerpos… sólo cuerpos. Y así se hacía. “Mátenlos en caliente” sentó las bases del estilo porfirista: un gobierno autista, frívolo, totalitario y desatendido del bien común.

Durante sus más de 30 años de mandato, don Porfirio tuvo el poder militar, político y económico; encaminó a México a un sistema de competencia internacional nunca antes visto hasta aquella época, pero ahondó las diferencias socioeconómicas en el tejido social e instaló desde aquel momento y para siempre los grupos oligárquicos. Esos que (reservándonos el debate sobre la legitimidad de sus posesiones) no pueden ser erradicados por política gubernamental alguna puesto que están situados por encima de toda ley y mandato. Esos poderes fácticos deciden qué es bueno, qué es malo, a quién se aplica la ley y a quién, la justicia.

La política anticrimen del Presidente Calderón se parece a la del General Díaz. Casos que en particular hemos vivido en Tijuana y otros que han ocurrido en Monterrey, Durango, Reynosa y Ciudad Juárez han demostrado que una buena cantidad de ejecuciones (de las 20 mil registradas desde que inició el presente sexenio) sólo han podido ser operadas con mandos y tácticas oficiales… unas por error, otras deliberadas, pero al fin con esa consigna, inclusive ya externada por varios policías y militares: “tiren a matar” (el equivalente en tiempo y circunstancia a “mátenlos en caliente”).

Es posible que durante los seis años de gobierno de Calderón, entre presuntos delincuentes e inocentes nuestra población resentirá la pérdida de unos 40 mil civiles (la mayoría varones de entre 17 y 35 años), sólo como consecuencia de esta llamada “guerra contra el narco”. Pero qué pasará con las condiciones de desigualdad, desempleo y discriminación social que promueven la delincuencia. ¿Una vez que sean asesinados 40 mil, tendrán que ser asesinados otros 40 mil, 60 mil, 80 mil…?

Felipe Calderón es producto de los poderes oligárquicos, consecuentemente carece de la voluntad y autonomía para generar condiciones de igualdad y bienestar en nuestra geografía. Sólo puede, al estilo del General Díaz, usar el poder público para perseguir y en su caso ajusticiar a todo aquel responsable del delito de “ser o parecer” miembro del crimen organizado.

Las decisiones republicanas, basadas en la promoción de los valores, la educación, la salud, salario y vivienda dignos, y que en todo caso serían la mejor forma de declararle la guerra al clima de descomposición social que vivimos, no son propias de gobiernos espurios y golpistas. Está visto.