Por: María Elena Estrello / SIP

• El Congreso dijo "no".

Más que preocupación por la sociedad juarense, el resorte que mueve al Primer Mandatario estatal de Chihuahua, José Reyes Baeza, es su voracidad electoral. Luego de abandonar por más de cinco años a la ciudad fronteriza famosa por los feminicidios (y juvenicidios), la propuesta del Gobernador de trasladar los poderes locales de la capital a esa ciudad fronteriza encontró un gran rechazo de la sociedad chihuahuense.

Luego de que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunciara un programa de inversión, promoción del empleo y desarrollo social para la ciudad fronteriza, Reyes Baeza reveló sus intenciones para que los recursos federales "caigan a través de las autoridades locales".

Cada entidad federativa cuenta con una Constitución que permite el traslado de poderes de una ciudad a otra previa aprobación del acto por las dos terceras partes de los legisladores locales en el caso en cuestión. Así, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, se contempla esta posibilidad que sin embargo, no obtuvo la aprobación de los legisladores de la entidad.

A pesar de que Reyes Baeza sustentó su decisión en la necesidad de incrementar la seguridad en la región, PAN y PRD manifestaron abierto rechazo a la pretensión del Gobernador chihuahuense; por separado y en su momento, la calificaron como "electorera".

Lo cierto es que el traslado de poderes no resuelve el problema de inseguridad de la frontera, que cabe señalar éste es un fenómeno que no sólo se experimenta en Ciudad Juárez, sino a lo largo de las poblaciones asentadas en los tres mil 152 kilómetros fronterizos con los Estados Unidos.

Efectivamente, las entidades de la República mantienen una autonomía en su administración interna y son independientes entre las unas y las otras, de acuerdo con sus correspondientes constituciones políticas, sin embargo, estas leyes están subordinadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que su "independencia" respecto a la Federación es ambigua o abierta.

Instalar una especie de  Sistema de Aduanas entre las entidades federativas enfrentaría una controversia constitucional debido a que los ciudadanos mexicanos gozan de libre tránsito de acuerdo con nuestra Carta Magna, es una garantía fundamental de los mexicanos. Sin embargo, existen actores políticos que no sólo analizan esa posibilidad, sino que incluso la han planteado.

Hace unos meses la reportera de El Economista Susana Castaneira dio a conocer en un reportaje que integrantes del crimen organizado "llegan con maletines cargados hasta con un millón de dólares para comprar a los elementos de seguridad en las aduanas, sobre todo en la zona fronteriza como son (las ciudades de) Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales". He ahí la premisa: se resiste al cañonazo del millón de dólares o al de "…morir es poco cuando por la Patria se muere".

El traslado de poderes en la calificada "la ciudad más violenta del mundo", no deja de ser paradójico. A las tierras de la llamada Paso del Norte en tiempos del Presidente Benito Juárez García, viajó el Benemérito de las Américas en la época del II Imperio Mexicano, sin embargo, toda proporción guardada, la altura moral de los protagonistas resulta muy diferente.

La presidencia ambulante de Benito Juárez, asegura el escritor Fernando del Paso en Noticias del Imperio, "…se dirigió a San Luis Potosí…el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos estaría, de allí en adelante, donde estuviera él: así en San Luis como en Matehuala, Monterrey, Saltillo, Mapimí, Nazas, Parral, Chihuahua o Paso del Norte, que fueron las ciudades donde Juárez viajó llevando a cuestas la presidencia…".

Fundada en 1695 como una misión, Paso del Norte lo fue hasta cambiar en 1888 su nombre, en homenaje a Benito Juárez. Resulta necesario cambiar la idea establecida de que "…la frontera es una zona de paso trivial, efímera para los grupos sociales y sin pertenencia para las pobladores de dichas localidades, consideradas lugares de paso de trabajadores, de viajeros, de comerciantes de mercancía y de droga", señala María Luisa García Amaral en su estudio "Ciudades fronterizas del México del Norte".

De acuerdo, ahora que lo entiendan las autoridades federales, estatales y municipales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.