Por: Lic. Oscar Rivera

La reciente renuncia de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación del régimen calderonista, a su militancia al Partido Acción Nacional es preludio, desde mi particular y optimista perspectiva de buenas noticias para la industria de la radiodifusión en el país y para la sociedad en general, dado a que dicho funcionario compete "conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información".

Conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía la vigilancia de los contenidos en los referidos medios electrónicos, quienes tienen obligación de incluir gratuitamente en su programación diaria, 30 minutos, continuos o discontinuos, información acerca de acontecimientos de carácter educativo, cultural, social y político, así como otros asuntos de interés general nacionales e internacionales.

Es muy sano que dicho funcionario se despoje de sus compromisos partidistas al aplicar la disposición en comento, dada la penetración ideológica de los medios electrónicos en la vida social y política de nuestro país.

Conforme al Artículo 41 de nuestra Carta Magna, la organización de la elecciones federales es una función del Estado "que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral (IFE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley".

Nuestra desiderata sería que los mismos consejeros del IFE hicieran lo propio y, más aún el propio Presidente de la República. Desearíamos que con estas renuncias a su militancia partidista se redujeran considerablemente las múltiples promociones a manera de mensajes institucionales (en la actualidad, ordenados desde la Secretaría de Gobernación) que pregonan incesantemente las acciones del gobierno en turno.

Sería deseable, insistimos, que los propios consejeros del IFE se despojaran públicamente de su compromiso partidista para ejercer las funciones que tienen atribuidas por ley en beneficio de la sociedad en su conjunto, quienes se deben regir por los principios rectores de la función electoral que son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.